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Fue en el año 2009 cuando, por falta de liquidez, Banco Popular emitió y comercializó los “Bonos Subordinados obligatoriamente canjeables en acciones de Banco Popular, I/2009”. Estos títulos fueron ofrecidos entre clientes minoristas como un “producto seguro”, “sin riesgos”, falseando las características reales de la inversión, con el único objeto de adquirir liquidez de forma rápida a costa de sus propios clientes.

Su vencimiento inicial era de 4 años, pero lejos de mejorar, la situación de Banco Popular seguía empeorando y con él miles de clientes sufrían devaluaciones de entorno al 80% en sus carteras de valores.

Durante el 2012 la entidad, ante la devaluación del producto, decidió prolongar el engaño durante 3 años más. Por ello, Banco Popular colocó al 95 % de los tenedores de los Bonos I/2009 los nuevos “Bonos Subordinados obligatoriamente convertibles en acciones de Banco Popular, II/2012”.

El pasado 25 de noviembre de 2015, vencieron los Bonos II/2012, canjeándose, de forma obligatoria, por acciones de Banco Popular, a un precio 4 veces superior a su valor real en el mercado, por lo que, los afectados por los bonos, perdieron el 80 % de su inversión.

Desde entonces, el precio de estas acciones no ha dejado de bajar, generando un importante agravio económico a quienes lo padecen, con pérdidas superiores al 90 % del capital invertido.

17 de junio de 2016: El Tribunal Supremo declara complejo el producto –Bonos Popular– y condena al banco.

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de la entidad dando la razón a los inversores. La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 17 de junio de 2016, entiende que Dichos bonos necesariamente convertibles en acciones son un producto complejo en atención a sus características especiales en la forma de canje, ecuación de conversión y obligación de canje anticipada para el adquirente”.

Que la entidad haya faltado a su obligación de informar de forma clara y comprensible, tal como reconoce la Sentencia, “incumplió las normas sobre información completa, clara y precisa exigible, lo cual propició que la declaración de voluntad del cliente estuviera viciada por error esencial y excusable, en relación con la verdadera naturaleza, riesgos y adecuación del producto”, permite a los afectados ejercitar acciones legales de forma segura, amparándose en esta doctrina.

La sentencia condena a Banco Popular a devolver el 100% del dinero invertido más los intereses legales desde la fecha de la inversión –menos los dividendos e intereses percibidos, junto a los intereses legales de los mismos–, mientras al cliente se le retirarán las acciones que tenga en la actualidad.

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